» Última Actualización: 20 de Marzo de 2014

LEY DE TRANSPARENCIA ACTIVA

Por Ley Nº 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 de agosto de 2008, se aprobó la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.

Esta ley es aplicable a los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Gobiernos Regionales, Municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y a los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplica a la Contraloría General de la República, al Banco Central y a las empresas del Estado y sociedades.

La que consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. Las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben dar estricto cumplimiento a este principio.

Esto significa que los órganos de la Administración del Estado deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, mensualmente actualizados los antecedentes que se enumeran, entre otros: estructura orgánica; facultades, funciones y atribuciones de cada unidad interna; marco normativo; personal de planta, contrata y honorarios y sus remuneraciones; contrataciones con terceros; transferencias de fondos; actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros; información sobre el presupuesto asignado. Comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. Este derecho es la contrapartida a la obligación de dar publicidad a la información.